La industria de los hidrocarburos se inició con la concesión de explotación del
campo La Alquitrana a la compañía Petrolia del Táchira en 1878. Con los
hallazgos de los pozos petroleros y la solicitud de nuevas concesiones de
explotación, se redactó la primera Ley de hidrocarburos en 1920. A partir de
ese momento, se han sucedido distintas leyes sobre la materia en procura de
lograr mejores beneficios para el país.
Durante la presidencia de Cipriano Castro se promulgo la Ley
de minas (1905), que se refería a “las minas de asfalto, nafta, petróleo,
betún, ozoquerita o cera minera” esta ley establecía un impuesto anual de 2
bolívares, por hectárea a las empresas explotadoras, más de 4 bolívares de
regalía por tonelada exportada (que recibía el Estado), y limitó los derechos
de concesión a 50 años. Después, se promulgó la última Ley de minas (1918)
aplicable a la industria del petróleo, para dar paso a la Ley de Hidrocarburos
de 1920. Esta Ley permitió a los propietarios de tierras obtener concesiones de
explotación y redujo la duración de las concesiones otorgadas a empresas
extranjeras.
En 1928 se promulgó la Ley de Vigilancia para impedir la
contaminación de las aguas con petróleo. Medina Angarita promulgó una nueva Ley
de Hidrocarburos (1943), la cual ofrecía al país obtener mayor beneficio
económico de la actividad petrolera, por medio de un incremento de 40 años más
de concesiones. Rómulo Gallegos aplicó una medida similar al reformar la ley de
Impuestos sobre renta (1948) que introdujo en beneficio fixty fixty a la
industria petrolera.
En 1967, se sanciono la Ley de convenios especiales relacionados
con la desulfuración de hidrocarburos, que permitió a la Corporación Venezolana
del Petróleo (CPV) comercializar los productos derivados del petróleo en el
mercado interno. En 1971, se aprobó la Ley de Bienes Afectos a Reversión de las
Concesiones de Hidrocarburos, y otra que reservaba la industria del gas natural
al Estado, por medio de la CVP. Un año después, se sancionó la Ley que
establecía un fondo destinado a la investigación en materia de hidrocarburos.
En 1975, se dio el “ejecútese” a la Ley Orgánica que reserva al Estado la
industria y el comercio de los hidrocarburos.
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